LA COFECE, GRAN AUSENTE EN LOS PROCESOS: OCDE

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) reorganizó el año pasado los 21 paquetes de licitación para construir el nuevo aeropuerto en “nueve frentes de trabajo y 60 contratos principales, 56 de obra y 4 de supervisión, que se llevarán a cabo mediante procedimientos abiertos de licitación pública”, sin que se haya considerado la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el informe que presentó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en noviembre pasado sobre el proyecto, instó al GACM por segunda ocasión (la primera fue en el 2015) a formalizar una alianza con dicha comisión para que la estrategia de contratación pública incluya criterios de adjudicación y marcos de procura acordes para facilitar el acceso a un mayor número de competidores.

Por lo pronto, este viernes el GACM tiene previsto dar el fallo del concurso relacionado con la construcción del edificio terminal, el costo ronda los 80,000 millones de pesos y es la obra más costosa en materia de infraestructura de transporte del sexenio, y en donde participan solamente tres consorcios.

En noviembre del 2015, la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, dijo a El Economista que en la etapa donde mejor pudieron participar fue en la integración de los paquetes de licitación, que representó “la primera y más importante decisión”.

El organismo internacional reiteró en su reciente documento que es necesario emprender mayores esfuerzos en áreas esenciales del proyecto, entre ellas: revisar el diseño de las licitaciones y los criterios de adjudicación para facilitar más la competencia y evitar la descalificación temprana de licitantes.

“Hace varios meses el GACM entabló contacto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y más recientemente, con la Cofece para formalizar la cooperación entre ambos. En el primer caso ya se está en charlas acerca de un acuerdo preliminar, mientras que las discusiones con la Cofece están más incipientes”, informó la OCDE en noviembre del 2016.

GACM Y LA SCT

Sobre los nuevos paquetes de licitaciones, el GACM dijo a la OCDE que se busca agrupar obras similares, lo que además de permitir monitoreo más enfocado, busca promover “la participación de mayor número de empresas pequeñas y medianas mexicanas en la construcción” del nuevo aeropuerto.

Lo anterior a pesar de que ya se licitaron las principales obras de la primera etapa del proyecto que implican más de 30,000 millones de pesos (entre ellas las relacionadas con pistas y cimentaciones), monto al que se deberá sumar el edificio terminal, que en su conjunto representan más de 70% del costo total.

Sobre la nula participación de la Cofece en las licitaciones, el grupo aeroportuario informó este martes: “Como lo señala la OCDE en su reporte, GACM estableció comunicación con la Comisión para definir su participación en los procesos del, la primera fue para organizar un taller sobre competencia en la materia, el cual es intención del grupo que se lleve a cabo en el primer trimestre de este año”.

En cuanto a la participación en la licitación del edificio terminal hubo una mesa de acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, sin mayores detalles.

Como antecedente de petición de opinión sobre una licitación de obra pública quedó la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre su segundo proyecto de convocatoria para el tren de pasajeros México-Querétaro. La mayor parte de las recomendaciones hechas por Cofece fueron aceptadas, pero el proyecto finalmente se pospuso.

Firma del contrato y la colocación de losa del edificio terminal presentan retrasos

El contrato entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y un consorcio de cinco empresas liderado por ICA para construir la losa del edificio terminal (que implica 7,555 millones de pesos, sin IVA) se firmó con más de un mes de retraso, sin que se hubieran dado a conocer las medidas y sanciones al respecto.

El testigo social asignado para la licitación, Gerardo Lozano, representante de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño (Amdaid), mencionó en su informe final: “En el acta del fallo se informó que el licitante ganador debería acudir a formalizar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de los 30 días naturales siguientes a la emisión del fallo, en las oficinas de la Subdirección Jurídica de GACM, es decir el 21 de noviembre del 2016, lo que no sucedió”.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas plantea que de no firmarse el documento en el tiempo establecido, sin la debida justificación, el grupo podrá adjudicar el contrato al licitante que hubiese presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente para el Estado, además se debe sancionar al funcionario responsable de ello.

En el documento elaborado por el testigo social, con fecha del 23 de diciembre del 2016, se explica que el 19 de diciembre pasado fue notificado que el contrato finalmente se firmaría al día siguiente. Y así ocurrió.

“Mediante oficio del 20 de diciembre del año en curso, fui informado de la razón que motivó el desfase de la formalización del contrato, haciendo de mi conocimiento que previamente se había formalizado el contrato de fideicomiso núm. CIB/2653 de fecha 9 de noviembre del 2016, para darle certeza jurídica a los pagos y para que los recursos se utilicen únicamente en la Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, redactó Gerardo Lozano.

Se repite la historia de la pista 3

Situación similar de retraso se presentó en el contrato relacionado con la construcción de la pista 3, adjudicado GIA+A, CICSA, La Peninsular y Prodemex, que representa un monto de 7,359 millones de pesos, sin IVA.

En ese caso, el GACM dijo a El Economista que la firma requirió mayor tiempo para solventar los trámites jurídicos necesarios y “que la propia norma contiene la opción para que se solvente de manera satisfactoria este aspecto aun cuando sea fuera del periodo establecido”.

A pesar de la amplia participación de empresas en la licitación de la losa, que se reflejó en 16 propuestas, la mayor parte de ellas fue descalificada por diversas cuestiones. A la etapa final llegaron seis consorcios y el ganador fue la alianza que lideró ICA.


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